En septiembre de 2012, la Comisión envió un dictamen motivado (MEMO/12/708 ) a las autoridades españolas para pedirles que aplicar correctamente la Directiva en lo relativo a los miembros de la Guardia Civil ( MEMO/12/708 ) . La Comisión hizo hincapié en que la falta de cumplimiento de estas disposiciones podría exponer un gran número de trabajadores de la Guardia Civil a los riesgos de lesiones personales o la exposición a riesgos para la salud . Asimismo, la Comisión subrayó que la prevención y la protección contra los riesgos relacionados con el trabajo debe llevarse a cabo en cada centro de trabajo , con el fin de garantizar la protección de todos los trabajadores .
La Comisión indicó en ese momento que si España no notificaba las medidas para garantizar el pleno cumplimiento de sus obligaciones derivadas de la Directiva en un plazo de dos meses, la Comisión podría remitir el caso al Tribunal de Justicia de la UE. Dado que las autoridades españolas aún no han aplicado correctamente la Directiva, la Comisión ha decidido llevar a España ante el Tribunal .
En una nota de prensa emitida el 17 de octubre, la Comisión considera que España no ha garantizado adecuadamente el nombramiento de personal calificado para verificar que las medidas de protección de la salud y la seguridad se ponen en práctica en todos los centros de trabajo de la Guardia Civil . Esto, opina la Comisión, "constituye una violación del artículo 7 de la Directiva 89/391/CEE , que exige a los empleadores proporcionar el personal y los equipos necesarios para garantizar que las acciones de prevención y protección , como las evaluaciones de riesgo, se pueden llevar a cabo".
Además, "al no realizar la evaluación de riesgos en todos los centros de trabajo de la Guardia Civil , las autoridades españolas también están en violación del artículo 6 de la Directiva 89/391/CEE , lo que implica que el empleador no estará en posesión de la documentación de la evaluación de riesgos como exige el artículo 9 de la misma Directiva".
Según indica la Comisión, "Las autoridades españolas han admitido que en algunos lugares de trabajo de la Guardia Civil , las evaluaciones de riesgos obligatorias no se llevaron a cabo debido a la falta de personal calificado y equipos adecuados".
Fuente: Comisión Europea