En octubre de 2012 el Health and Safety Executive británico que, entre otras funciones, realiza las de Inspección de Trabajo de salud y seguridad en las actividades de riesgo relativamente elevado (en las actividades de bajo riesgo como oficinas, comercios y similares los encargados de controlar el cumplimiento de la legislación son los ayuntamientos), introdujo la obligación de los empresarios de pagar una tasa por las inspecciones siempre y cuando en ellas se encontraran incumplimientos materiales "graves". Ello, independientemente de cualquier sanción, que en el Reino Unido sólo pueden imponer los jueces. El procedimiento se bautizó como "Fee for intervention", abreviadamente FFI, es decir, "pago por intervención".
Como es lógico, la decisión fue objeto de amplia polémica, siendo tachada por unos de meramente recaudatoria (para compensar los recortes presupuestarios a los que el Gobierno sometía al HSE) y defendida por otros como un estímulo adicional a la prevención.
Un año después los discrepantes no pueden ocultar su regocijo al constatarse que la recaudación lograda ha sido de sólo 5.532.565 libras esterlinas, frente a los diez millones que se habían presupuestado para el primer año de funcionamiento del sistema. Una cantidad que debía aumentar hasta 17 millones en el ejercicio siguiente y a 24 millones en el posterior. Los resultados del primer año han puesto de manifiesto que esa nueva fuente de ingresos de poco servirá al HSE para equilibrar su maltrecha economía.
Los sectores que pagaron mayor proporción de las tasas recaudadas fueron la industria (38%) y la construcción (36%), de un total de 11.281 facturas emitidas. El importe individual de cada una de ellas depende de la complejidad de la inspección realizada, pues la tasa se calcula por hora de actuación del inspector.
Los sindicatos han expresado su preocupación por el hecho de que tan poca recaudación sugiere que muchas empresas han dejado de declarar accidentes a fin de evitar la posible visita de los inspectores del HSE y el pago de la tasa correspondiente.
Señalaremos finalmente que las cifras han sido reveladas por el HSE no de motu propio, sino tras una solicitud de una empresa asesora de prevención al amparo de la potente ley de transparencia británica.
Fuente: Construction Enquirer y Risks