El Tribunal de cuentas de Francia, en su informe anual sobre las cuentas públicas y las políticas públicas publicado este mes de febrero, dedica un amplio apartado a las víctimas del amianto y su indemnización.
En el año 2003, a la vista de la gravedad de los daños provocados por el amianto, el gobierno francés, considerando que se trataba de un problema de salud pública, creó el Fondo de Indemnización de la Víctimas del Amianto (FIVA). Desde entonces hasta el año 2012, más de 76.000 personas han presentado al Fondo una solicitud de indemnización, que cubre tanto a los afectados por causa de su actividad laboral como por otras causas; de ellas, aproximadamente dos terceras partes habían contraído la enfermedad en el curso de su actividad laboral.
A pesar de que el número de demandas va decreciendo con el tiempo, en 2012 la seguridad social aún reconoció 1.579 nuevos casos de cáncer relacionados con el amianto. La indemnización reconocida por esta vía puede posteriormente ser ampliada por el Fondo.
En Francia el amianto no se prohibió hasta finales de la década de los noventa, con mucho retraso respecto a los países nórdicos, Alemania, Italia y los Países Bajos, lo que explica que el número de casos de afectados por el amianto que se registran sea todavía relativamente elevado.
Fue la presión de las asociaciones de víctimas la que logró que el Estado francés asumiera su responsabilidad por no haber actuado a tiempo frente a un problema conocido de antiguo y creara el FIVA, que indemniza a las víctimas bajo el principio de la reparación integral de los daños y perjuicios sufridos, y por ello no se limita a conceder una renta sustitutoria del salario.
En su análisis el tribunal lamenta que no se hayan tenido en cuenta sus recomendaciones (emitidas el año 2005) acerca de que la creación de un esquema específico de indemnizaciones para los afectados por el amianto debía ser la ocasión para renovar globalmente el sistema de indemnizaciones por otros riesgos profesionales en el cual se integrase el primero, en lugar de adoptar respuestas puntuales inconexas a problemas que requerían un abordaje común.
Fuente: Tribunal de Cuentas de Francia