El cáncer es uno de los principales problemas de salud en el mundo y en España. La mayoría de los casos se atribuyen a hábitos de conducta individuales, pero una parte de ellos (entre un 10% y 4%, según las estimaciones científicas) se deben a exposiciones a agentes cancerígenos en los lugares de trabajo, algo prevenible y para lo que existen herramientas y legislación.
Pero para que la prevención se active es necesario la previa identificación del problema, algo que para el cáncer laboral no está sucediendo en España. Según los datos facilitados por la Sociedad Española de Oncología Médica se estima que en 2012 se diagnosticaron en nuestro país 215.534 nuevos casos de cáncer, que se elevarán hasta 246.713 en 2020. De ellos, unos 9.000 se deberían atribuir a exposiciones laborales, atendiendo a los cálculos más conservadores. Sin embargo, nada más lejos de la realidad.
Los casos de cáncer laboral permanecen ocultos en nuestro país y ello se refleja en las cifras oficiales de la Seguridad Social. En 2015, el sistema CEPROSS (Comunicación de Enfermedades Profesionales en la Seguridad Social) sólo registró la comunicación de 23 partes de enfermedad profesional por agentes cancerígenos, de los cuales sólo 9 requirieron baja médica y ninguno correspondió a mujeres. La inmensa mayoría de los casos, 19, corresponde a exposiciones a amianto, agente cancerígeno cuyo uso está prohibido, 1 a cromo, 1 a hidrocarburos aromáticos policíclicos y 2 a polvo de madera dura. El sistema PANOTRATSS, que registra las enfermedades no traumáticas consideradas accidentes de trabajo, no ha registrado ni una sola neoplasia en 2015. En definitiva, en 2015 se han comunicado la mitad de casos de cáncer laboral que en 2014, profundizando en la infradeclaración de estas patologías.
Las escandalosas cifras de infradeclaración del cáncer ocupacional son la prueba del fracaso del sistema de declaración y registro de enfermedades de origen laboral en España. A juicio de CCOO, el nuevo Gobierno debe fijar entre sus objetivos de salud pública la puesta en marcha de un plan de choque que permita visibilizar la magnitud del problema, promover la prevención, reparar el daño causado a los trabajadores y trabajadoras víctimas de cáncer y mejorar la investigación sobre este tipo de exposiciones. Entre otras medidas, es urgente que España cumpla con la obligación legal de crear planes de vigilancia de la salud postocupacional para los trabajadores que hayan estado expuestos (art. 37.3.e del Reglamento de Servicios de Prevención y 8 del RD de cancerígenos en el trabajo) y ratifique el Convenio 139 de la OIT sobre el cáncer profesional, pendiente de firma desde 1974.
Fuente: CCOO